Reporte Índigo presenta en exclusiva el documento secreto de los secuestros de alto impacto cometidos en México. Contiene nombres y fotos de decenas de víctimas de secuestros ocurridos en los últimos 22 años, el modus operandi y las millonarias cifras exigidas como rescate. Todos los casos son imputados a esos grupos guerrilleros.
Presuntamente, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos habría sido el plagio 22.
En las dos últimas décadas, se han llevado a cabo por lo menos 22 secuestros de alto impacto que han estremecido a la sociedad mexicana. Son historias sorprendentes por su logística, por el monto de los rescates y por la impunidad de los responsables.
Reporte Índigo da a conocer el documento secreto que relaciona 22 años de secuestros de alto impacto en México con grupos ligados al EPR, lo cual consta en un documento que tiene las siglas de la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entre las 21 víctimas señaladas en el documento, se encuentran Jorge Sekiguchi, plagiado en 1988, así como Alfredo Harp Helú y Ángel Lozada Moreno, secuestrados en 1994.
También aparecen el empresario Ron Lavender, el presidente de la revista Mundo Ejecutivo, Walter Coratela —ambos plagiados en 2001—, Nelly Catalina Esper Sulaiman, secuestrada en 2006, Eduardo García Valseca y el empresario poblano Francisco Zorrilla Alanís, quienes fueron privados de su libertad en 2007.
El documento menciona a Alberto Romano Hadid, dueño de varios restaurantes de la cadena Sushi-Itto, secuestrado en octubre de 2001; Paola Gallo Delgado, secuestrada en 2000, y Javier García Navarro, hijo de Roberto García Maldonado, presidente de Grupo Canel’s, plagiado en junio de 2004.
En el documento fechado en julio de 2007, se incluye el plagio de García Valseca como “vigente”.
Horas antes de que Reporte Índigo publicara este documento, la organización armada TDR emitió un comunicado para puntualizar que García Luna engañó a García Valseca con su dicho y con “el reporte de un supuesto modus operandi similar al que desplegamos”.
El grupo armado acusa a Genaro García Luna y a integrantes de su equipo de proteger a secuestradores sanguinarios. Mencionan el caso de la comandante Lorena González Hernández, ex subdirectora del Área de Secuestros de la Policía Federal, quien fue acusada de participar en el plagio del menor Fernando Martí en 2008.
“Sonados casos, como el de Florence Cassez y otros como los que costaron la vida al joven Fernando Martí y a la hija del Sr. Nelson Vargas, prueban el involucramiento de los cuerpos policiacos en la actividad que debieran combatir y, especialmente, la descomposición existente en sus mandos, los que contra toda lógica, evidencia y denuncia ciudadana siguen protegidos, ni más ni menos, por el ejecutivo federal”, señala el comunicado emitido el 16 de febrero por TDR en el portal de Internet de grupos armados www.cedema.org [1].
La información inédita y las entrevistas exclusivas revelan un nuevo capítulo de la industria del secuestro de alto impacto en México y la impunidad que impera.
¿Cuál es el origen de las acusaciones mutuas que se hacen la SSP y el grupo guerrillero? ¿Se disputan la justicia o el negocio del secuestro?
¿Por qué si los 21 secuestros que se reseñan en el documento fueron perpetrados por los grupos armados, la SSP ahora niega a las víctimas la existencia del informe que hoy da a conocer Reporte Indigo?
¿Por qué, pese a que la Policía Federal afirma conocer el origen de los secuestros, la autoridad no ha avanzado en las investigaciones, lo cual abrió la puerta para que se cometiera otro plagio de alto impacto, el de Diego Fernández de Cevallos
Presuntamente, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos habría sido el plagio 22.
En las dos últimas décadas, se han llevado a cabo por lo menos 22 secuestros de alto impacto que han estremecido a la sociedad mexicana. Son historias sorprendentes por su logística, por el monto de los rescates y por la impunidad de los responsables.
Reporte Índigo da a conocer el documento secreto que relaciona 22 años de secuestros de alto impacto en México con grupos ligados al EPR, lo cual consta en un documento que tiene las siglas de la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entre las 21 víctimas señaladas en el documento, se encuentran Jorge Sekiguchi, plagiado en 1988, así como Alfredo Harp Helú y Ángel Lozada Moreno, secuestrados en 1994.
También aparecen el empresario Ron Lavender, el presidente de la revista Mundo Ejecutivo, Walter Coratela —ambos plagiados en 2001—, Nelly Catalina Esper Sulaiman, secuestrada en 2006, Eduardo García Valseca y el empresario poblano Francisco Zorrilla Alanís, quienes fueron privados de su libertad en 2007.
El documento menciona a Alberto Romano Hadid, dueño de varios restaurantes de la cadena Sushi-Itto, secuestrado en octubre de 2001; Paola Gallo Delgado, secuestrada en 2000, y Javier García Navarro, hijo de Roberto García Maldonado, presidente de Grupo Canel’s, plagiado en junio de 2004.
En el documento fechado en julio de 2007, se incluye el plagio de García Valseca como “vigente”.
Horas antes de que Reporte Índigo publicara este documento, la organización armada TDR emitió un comunicado para puntualizar que García Luna engañó a García Valseca con su dicho y con “el reporte de un supuesto modus operandi similar al que desplegamos”.
El grupo armado acusa a Genaro García Luna y a integrantes de su equipo de proteger a secuestradores sanguinarios. Mencionan el caso de la comandante Lorena González Hernández, ex subdirectora del Área de Secuestros de la Policía Federal, quien fue acusada de participar en el plagio del menor Fernando Martí en 2008.
“Sonados casos, como el de Florence Cassez y otros como los que costaron la vida al joven Fernando Martí y a la hija del Sr. Nelson Vargas, prueban el involucramiento de los cuerpos policiacos en la actividad que debieran combatir y, especialmente, la descomposición existente en sus mandos, los que contra toda lógica, evidencia y denuncia ciudadana siguen protegidos, ni más ni menos, por el ejecutivo federal”, señala el comunicado emitido el 16 de febrero por TDR en el portal de Internet de grupos armados www.cedema.org [1].
La información inédita y las entrevistas exclusivas revelan un nuevo capítulo de la industria del secuestro de alto impacto en México y la impunidad que impera.
¿Cuál es el origen de las acusaciones mutuas que se hacen la SSP y el grupo guerrillero? ¿Se disputan la justicia o el negocio del secuestro?
¿Por qué si los 21 secuestros que se reseñan en el documento fueron perpetrados por los grupos armados, la SSP ahora niega a las víctimas la existencia del informe que hoy da a conocer Reporte Indigo?
¿Por qué, pese a que la Policía Federal afirma conocer el origen de los secuestros, la autoridad no ha avanzado en las investigaciones, lo cual abrió la puerta para que se cometiera otro plagio de alto impacto, el de Diego Fernández de Cevallos
Este blog va mal, pero ¿ya no vas a postear en Colectivo Paranoia? Allá sí le echamos ganas. Suerte!!
ResponderEliminarHe estado un tanto ocupado por motivos personales, pero espero ya pronto ocuparme bien de todos mis pendientes.
ResponderEliminarUna disculpa por no postear como regularmente lo hacía. Pronto les repito, volverá a la normalidad.
Saludos y gracias por los comentarios.